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Alianzas para el desarrollo local

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Actualmente en Costa Rica, los gobiernos locales reciben apenas un 1.7% del presupuesto Estatal para desempeñar sus funciones una inversión casi imperceptible para el fomento del desarrollo local, si se compara con el más del 50% destinado por algunos países desarrollados. Asimismo, las trabas administrativas y burocráticas, impiden que se ejecute con eficiencia el presupuesto designado.

Debido a lo anterior y en conjunto con otros factores (por ejemplo el mínimo grado de participación del sector privado en programas conjuntos con los gobiernos locales), Costa Rica enfrenta el reto de adaptar los esquemas y funcionalidad de sus instituciones estatales con el fin de promover una gestión pública más eficiente y eficaz, que potencie el desarrollo económico y atienda de forma más equitativa y cercana las necesidades socioeconómicas de la sociedad, como requisitos indispensables para la consolidación del Estado de Derecho, reestructuración de los modelos de desarrollo y ampliación de la democracia. Ante esta coyuntura, la descentralización, concebida como el proceso mediante el cual se transfieren las competencias y los medios necesarios para su ejercicio entre los diferentes niveles de gobierno (gobierno central y gobierno local), se identifica como una opción que promueve el cumplimiento de los anteriores objetivos.

En este marco, el nuevo rol de los gobiernos locales es de liderar los procesos de desarrollo local y competitividad territorial. Para ello, deben principalmente velar por la creación de espacios representativos y legítimos que potencien la activación y canalización de las fuerzas sociales e institucionales para la definición e implementación de una visión común de desarrollo territorial. El desarrollo local es un proceso participativo y coordinado entre los distintos niveles del Estado y los principales actores de la sociedad civil y sector privado que conducen a generar mayor bienestar a la ciudadanía mediante la utilización del potencial de desarrollo endógeno existente en los territorios y a la dinamización equitativa de sus economías. Asimismo, y en el marco de la economía globalizada, es potenciar la competitividad de los territorios basándose en el uso estratégico de sus recursos, es una política que promueve un desarrollo más sostenible y plural, tanto territorial como socialmente.

La responsabilidad social compartida es, entonces, un tema clave para apoyar los procesos de desarrollo local en el país, especialmente aquellos que son de índole innovador. Las acciones de RS deben estar enfocadas a buscar una mayor cercanía entre gobiernos locales y las organizaciones del sector privado, para la búsqueda de una visión común de desarrollo y competitividad territorial basada en criterios de equidad, solidaridad, sostenibilidad y representatividad.